España ha dado un paso importante en la protección de niños, niñas y adolescentes en el entorno digital. El Consejo de Ministros ha aprobado el proyecto de Ley Orgánica de Protección de los Menores en el Entorno Digital, una normativa pionera en Europa que busca salvaguardar a la infancia frente a los riesgos asociados al uso de redes sociales, móviles, plataformas digitales e inteligencia artificial.
La ley propone una serie de medidas clave:
Eleva a 16 años la edad mínima para prestar consentimiento al tratamiento de datos personales en el acceso a redes sociales.
Obliga a fabricantes a incorporar controles parentales gratuitos y preinstalados en todos los dispositivos electrónicos.
Establece órdenes de alejamiento virtual para quienes cometan delitos contra menores en entornos digitales.
Tipifica nuevos delitos como el grooming y la difusión de deepfakes de carácter sexual o vejatorio.
Impulsa pruebas para detectar un uso inadecuado de la tecnología por parte de menores.
Refuerza el papel de los colegios y exige regular el uso no solo de móviles, sino también de tabletas y ordenadores en el aula.
Obliga a influencers y creadores de contenido a habilitar canales de denuncia para reportar material inapropiado.
El texto también contempla medidas en el ámbito sanitario (programas de prevención en atención primaria), educativo (formación en primaria y secundaria para combatir bulos) y social, con el desarrollo de una estrategia nacional liderada por el Ministerio de Juventud e Infancia, apoyada por más de 50 expertos, que incluirá advertencias visibles en contenidos no aptos para menores.
Desde fundaciónSOL celebramos este avance legislativo, que responde a una necesidad urgente que llevamos tiempo denunciando. No obstante, la aplicación efectiva de esta ley será un reto real. Hoy por hoy no existen mecanismos eficaces para verificar la edad en plataformas digitales, y la rapidez con la que evoluciona la tecnología amenaza con dejar obsoletas las mejores intenciones si no van acompañadas de inversión, recursos y voluntad política.
El acceso a internet no puede seguir siendo una jungla para los más vulnerables. La infancia tiene derecho a crecer en un entorno digital seguro, sano y responsable. Esta ley es un buen punto de partida. Ahora toca trabajar para que se convierta en una realidad tangible para todas las familias.
