Desde el 10 de diciembre, Australia se ha convertido en el primer país del mundo en prohibir el acceso a redes sociales a menores de 16 años. La medida, incluida en la Enmienda sobre Seguridad en Línea, marca un precedente internacional que ya observan de cerca otros países como Francia o Dinamarca. Sin embargo, su entrada en vigor no ha despejado las dudas sobre cómo se aplicará ni sobre su verdadera eficacia.
La normativa fija los 16 años como edad mínima para crear una cuenta en redes sociales. Los menores podrán seguir accediendo a contenidos públicos sin iniciar sesión —como ver vídeos en YouTube o consultar publicaciones abiertas—, pero quedarán excluidos de funciones clave como los feeds personalizados, las notificaciones o la interacción directa con otros usuarios.
La ley afecta inicialmente a once plataformas, entre ellas Instagram, TikTok, Snapchat, X, YouTube, Reddit o Twitch, aunque la lista podría modificarse en el futuro. El gran reto está en la verificación de edad: el texto legal obliga a las plataformas a impedir el acceso a menores, pero no establece un sistema concreto para hacerlo. Además, prohíbe basarse únicamente en documentos de identidad y limita el almacenamiento de datos personales, lo que añade complejidad al proceso.
El Gobierno australiano sostiene que existen soluciones técnicas viables, como la estimación de edad mediante biometría, el análisis del comportamiento digital o los controles parentales. No obstante, la experiencia en otros países demuestra que estos sistemas no son infalibles. Casos recientes, como el del Reino Unido con la verificación de edad en contenidos para adultos, han evidenciado el uso masivo de VPN para esquivar bloqueos, así como errores en los sistemas de reconocimiento facial.
Las plataformas, por su parte, han reaccionado de forma dispar: algunas han anunciado la suspensión de cuentas y el uso de inteligencia artificial para detectar edades falsas, mientras que otras alertan del impacto negativo que la medida podría tener en la privacidad, la libertad de expresión y el control parental.
Más allá de las sanciones económicas previstas —que pueden alcanzar los 50 millones de dólares australianos—, el debate de fondo sigue abierto: ¿prohibir es suficiente o necesitamos un enfoque más integral que combine regulación, diseño responsable y acompañamiento educativo? En FundaciónSOL lo tenemos claro: la protección de la infancia en el entorno digital requiere soluciones complejas para problemas complejos, y una corresponsabilidad real entre instituciones, plataformas, familias y sociedad.
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